La propuesta del PSOE de eliminar de forma gradual el dinero en efectivo en España ha resultado ser contraria a los criterios de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, esta iniciativa, de la que ha informado ampliamente EL PAÍS, y del que hemos obtenido esta reseña, nos indica que vulnera los principios del Tratado de la Unión Europea.
La Comisión Europea ya aclaró esta posición en 2010, cuando determinó que “la norma debe ser la aceptación de billetes y monedas en euros como medio de pago en transacciones minoristas”. Y continúa: “Una denegación de esta forma de pago solo debería ser posible si se basa en razones relacionadas con el principio de buena fe, como que el minorista no tenga cambios disponibles”, apunta la Comisión.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda admitió que se está planteando una reforma legal, quizá para este mismo año, que rebaje de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico entre profesionales, ya que entre particulares seguirían limitados a 2.500 euros, como ya intentó el Gobierno socialista en 2019, sin éxito. La medida está enmarcada en una serie de propuestas que buscan acabar con la economía sumergida y elevar la recaudación de impuestos ante las necesidades que ha impuesto la pandemia. Sobre esta propuesta, el BCE, autoridad monetaria, tiene una posición contraria, ya que considera que es “desproporcionada” porque entiende que limitar en exceso el uso de billetes o favorecer su desaparición perjudicaría a los colectivos sociales más vulnerables, como los ancianos, inmigrantes y habitantes de las zonas rurales.
En una carta firmada por el propio Mario Draghi, expresidente del BCE, se advierte de que acabar con el efectivo podría ser un problema cuando hubiera fallos en “las infraestructuras técnicas subyacentes utilizadas por los proveedores de servicios de pago”, es decir, problemas de suministro eléctrico o de la red de Internet.
También recuerda al Gobierno que “el efectivo es apreciado como un instrumento de pago porque es aceptado por todos, rápido y facilita el control sobre el gasto del pagador. Además, es el único medio de pago que permite a los ciudadanos transacciones líquidas e instantáneas sin tener que pagar tarifas por el uso de este medio de pago”. De esta forma hace alusión a que el uso de las tarjetas por parte de los ciudadanos permitiría a los bancos establecer comisiones imposibles de eludir si se hace obligatorio el uso de las transacciones electrónicas.